Gobierno de Canarias

Buzón Simplifica la Economía Canaria

Tu opinión es importante. Cuéntanos tus propuestas de mejora o ideas para simplificar los trámites administrativos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

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¿Qué es y para qué sirve?

Un canal para simplificar

Un espacio para proponer mejoras que afecten a la actividad económica.

Queremos recibir propuestas orientadas a reducir las cargas administrativas que afectan a las empresas y a los autónomos, a las organizaciones y asociaciones empresariales y a otros grupos de interés relacionados con la actividad productiva.

A través de este portal cualquier empresa o profesional puede identificar problemas en la regulación vigente, en la sobrecarga de trámites y documentos y proponer soluciones concretas que contribuyan a mejorar la eficiencia de los servicios públicos ofrecidos por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

¿Qué puedo proponer?

Tu experiencia puede mejorar la administración

Comparte problemas, propuestas o ideas de mejora para hacer que los procedimientos administrativos sean más sencillos, útiles y accesibles para empresas y autónomos.

Problemas regulatorios

Barreras que frenan la actividad

Identifica normas, requisitos o procedimientos que consideras innecesarios, desproporcionados o difíciles de cumplir dentro del ámbito competencial de la Consejería.

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Propuestas de mejora

Propón cambios que faciliten los trámites

Comparte ideas concretas para mejorar procedimientos administrativos, agilizar gestiones o hacer más sencilla la relación entre empresas, autónomos y Administración.

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Simplificación administrativa

Ayuda a reducir cargas innecesarias

Propón medidas para eliminar duplicidades, reducir burocracia y avanzar hacia una Administración más ágil, eficiente y cercana.

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Principios

Plan Estratégico del Gobierno de Canarias

Es un objetivo estratégico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos el “lograr mejores niveles de eficiencia y agilidad en la gestión a través de la simplificación administrativa, con el fin de garantizar una óptima atención a la ciudadanía, a las empresas y al trabajo autónomo.”.

El Decreto 48/2009, de 28 de abril, “por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa” establece que los principios informadores del proceso de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias son:

Este principio persigue que la actuación administrativa alcance los objetivos previstos (eficacia) utilizando de forma óptima los recursos disponibles (eficiencia). Implica una gestión orientada a resultados, evitando duplicidades, trámites innecesarios y consumos desproporcionados de tiempo, medios materiales o personales en la tramitación de los procedimientos administrativos.

La celeridad supone la obligación de tramitar y resolver los procedimientos administrativos en el menor tiempo posible, sin merma de las garantías legales. Busca reducir retrasos injustificados, acortar plazos y agilizar la toma de decisiones, favoreciendo una respuesta administrativa más rápida y adecuada a las necesidades de los interesados.

La economía procedimental se orienta a simplificar los procedimientos administrativos, reduciendo su complejidad y el número de actuaciones necesarias. Pretende minimizar cargas administrativas, evitar trámites redundantes y racionalizar fases procedimentales, logrando procedimientos más simples, comprensibles y menos gravosos tanto para la Administración como para los interesados.

Este principio garantiza que la actuación administrativa sea clara, accesible y comprensible. Supone facilitar información suficiente sobre los procedimientos, sus requisitos, plazos y estado de tramitación, fomentando la confianza en la Administración Pública y reforzando el control sobre su funcionamiento.

El servicio efectivo sitúa a las personas en el centro de la actuación administrativa. Implica orientar los procedimientos a satisfacer necesidades reales, mejorar la calidad del servicio público y adaptar la Administración para que sea accesible, cercana y útil, garantizando una atención adecuada y resultados tangibles.